Las medidas que conciernen a la reducción de impuestos están estrecha­mente relacionadas con aquellas que tienen que ver con la depreciación. Las normas fiscales, en nuestro país, definen la depreciación como el valor solicitado por deducción que corres­ponde al desgaste o deterioro normal o por obsolescencia de bienes usados en negocios o actividades produc­toras de renta, equivalente a la alícuota o suma necesaria para amortizar el ciento por ciento de su costo, durante la vida útil de dichos bienes, siempre que estos hayan prestado servicio en el año o período gravable de que se trate.

Las empresas contabilizan la depreciación como un gasto o costo. Es decir, las leyes sobre impuestos permiten a las empresas deducir de su ingreso, anualmente, una cierta cantidad por concepto de depre­cia­ción de edificios, maquinaria, muebles y equipo de oficina, ve­hículos y otros bienes de capital, como costo de la actividad de­sarrollada.

Por ejemplo, suponga que una empresa posee un edificio que cuesta treinta millones de pesos. Si las normas sobre impuestos requieren que la empresa deprecie el edificio a lo largo de 20 años, ésta podrá deducir de su ingreso un millón quinientos mil pesos anuales como gasto por depre­ciación. Si las leyes sobre impuestos permiten a la empresa acelerar la depreciación en 10 años, ésta podrá, por tanto, deducir tres millones de pesos anuales.

Obviamente, cuanto más pueda deducir la empresa cada año por concepto de depreciación, menores serán sus utilidades y, por lo tanto, pagará menos impuestos sobre la renta. En consecuencia, las leyes que permitan acelerar la depreciación; es decir la depreciación rápida de plantas y equipos, pueden ser una parte importante de la formulación de políticas para la optimización del pago de impuestos.

La depreciación acelerada otorga a las empresas un mayor incentivo para destinar recursos a nuevas inversiones con objeto de reponer el capi­tal existente en equipo. Sin embargo, la depre­ciación acelerada también reduce los ingresos tributarios del estado e incen­tiva el empleo intensivo de capital, en tanto que descuida la utilización de mano de obra. Debido a esto, existe siempre controversia sobre cualquier propuesta que implique cam­bios en los tipos de depre­ciación.

De otra parte, la deducción por depreciación, tanto para propósitos fiscales como contables, incorpora una finalidad económica en su fun­da­mento y en sus efectos. El gasto por éste concepto debe contri­buir, al ser deducido de las utilida­des, para la formación de una reserva oculta que permita la generación de recursos internos, de tal manera que, al finalizar la vida útil del respectivo activo fijo, el ente económico posea —en efectivo o en otros activos más o menos líquidos— un monto equivalente a su valor de reposición más un excedente, prove­niente del impuesto dejado de pagar, en cada período, como pro­ducto de la deducibilidad del gasto por deprecia­ción.

Algunos autores niegan de manera categórica que la depreciación genere efectivo a las empresas. Aquí no se comparte ése criterio, por cuanto en la medida en que la alícuota de depreciación afecte la renta base para el cálculo del impuesto y, por ende, las utilidades susceptibles de ser distribuidas a los socios o accionistas estará —implícitamente— generando recursos al evitar que dichos fondos (depreciación y menor valor del impuesto) se entreguen al estado y a los propietarios, normalmente al año siguiente al de su generación.

 

 

 

 

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